Juez respalda a congresista que cuestionó votación del Senado sobre consulta popular en Colombia
LA NACION
BOGOTÁ (AP) — Un juez respaldó el viernes a una congresista que cuestionó una votación en la que el Senado de Colombia negó su aval para convocar a una consulta popular, con la cual el presidente Gustavo Petro quiere que los electores decidan sobre cambios al sistema laboral del país.
El fallo judicial resuelve una tutela —solicitud de amparo— a favor de la senadora oficialista María José Pizarro, ordenándole a la cámara alta que en 48 horas resuelva su apelación sobre la votación, la cual duró pocos minutos y fue reñida. Petro indicó que la decisión judicial es una prueba del “fraude” que él alega ocurrió y es una orden para que los senadores vuelvan a votar.
“Un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Senado en las próximas 48 horas”, aseguró Petro en un discurso ante la Armada Nacional.
El gobierno ha intentado infructuosamente impulsar una reforma laboral en el Congreso. Al no lograr su aprobación, decidió recurrir a una consulta popular, instando a los ciudadanos a pronunciarse directamente sobre si quieren o no mayores garantías laborales, entre las cuales están una jornada diurna de un máximo de ocho horas, recargos del 100% cuando se trabaje en domingo, que se le dé prioridad a los contratos a término fijo, y que los trabajadores de plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y prestaciones sociales.
Sin embargo, el Senado también se opuso a la consulta popular, con una votación que se resolvió con 49 votos a favor y 47 en contra el 14 de mayo.
El gobierno, al igual que miembros de su bancada, consideran que hubo “fraude” y errores de procedimiento que, a su juicio, incluyeron acelerar el cierre de la votación para que algunos senadores no se pronunciaran, y no anunciar apropiadamente el tema a votar. La mesa directiva de la cámara alta rechazó dichos señalamientos.
Un juez decidió amparar el derecho de Pizarro al debido proceso, al considerar que se le debió conceder el recurso de apelación que solicitó por haberse cerrado la votación en pocos minutos.
El Senado no se pronunció el viernes formalmente tras el fallo. Sin embargo, su presidente, Efraín Cepeda, solicitó al juez desestimar la pretención, al considerar que la apelación de Pizarro fue “jurídicamente improcedente, extemporánea y carente de objeto válido”.
Antes de llevar a cabo una consulta popular, la ley colombiana exige que el Senado se pronuncie sobre la conveniencia de convocarla.
Sin embargo, el gobierno desconoció la decisión de la cámara alta, e interpretó que los senadores no se pronunciaron ni para avalarla ni para negarla.
Por ello, Petro anunció esta semana que
expedirá la consulta popular mediante un decreto
, una decisión que ha sido cuestionada por su viabilidad jurídica.
En caso de que el mandatario convoque a la consulta popular, será necesario que esta supere el umbral mínimo de votos con la participación de la tercera parte de las personas que componen el censo electoral, es decir, más de 13 millones.
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