Lo último que se sabe del venezolano expulsado “por error” a El Salvador: Rubio negocia con Bukele
Daniel Lozano Camargo, un solicitante de asilo de 20 años, fue deportado bajo una norma excepcional; una jueza federal ordenó su regreso
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LA NACION
Una orden judicial estableció que el gobierno de Estados Unidos debe facilitar el regreso de Daniel Lozano Camargo, un joven venezolano que fue deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de tener una solicitud de asilo activa y estar protegido por un acuerdo judicial vigente. El caso ha generado atención mediática y política debido al uso de una legislación de emergencia para justificar su remoción y por la intervención directa del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ahora lidera las gestiones diplomáticas para lograr su repatriación.
La repatriación de Daniel Lozano Camargo a EE.UU.
En una presentación reciente ante la corte, el lunes 2 de junio, la funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Melissa Harper informó que el secretario de estado, Marco Rubio, está a cargo de las conversaciones con el gobierno salvadoreño.
Rubio, quien fue designado como jefe de la diplomacia estadounidense, mantiene una relación estrecha con altos funcionarios de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele. “En base en esta profunda experiencia y en su familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, el secretario está gestionando personalmente las conversaciones en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador”, aseguró Harper, según publicó Telemundo.
El entorno de Lozano Camargo ha señalado que fue víctima de un proceso administrativo acelerado, sin posibilidad de defensa ni revisión de su estatus legal vigente. La madre del joven ha utilizado redes sociales para exigir justicia y denunciar lo que considera una acusación infundada, basada en estereotipos y prejuicios.
Aunque la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó el regreso del joven hace más de un mes, hasta ahora su traslado de vuelta a EE.UU. no se ha concretado. La administración Trump ha informado que trabaja activamente con las autoridades salvadoreñas para facilitar su salida del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posterior reingreso al país norteamericano.
Los detalles de la deportación de Daniel Lozano Camargo
Lozano Camargo, oriundo de Maracaibo, cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022, sin documentos, cuando tenía 17 años. Luego de permanecer bajo custodia federal en un centro para menores no acompañados, fue liberado y se instaló en Houston, Texas. Una vez ahí, inició un pequeño negocio de lavado de autos y mantenía su estatus migratorio en revisión.
El 15 de marzo de 2025, fue expulsado a El Salvador junto con otros extranjeros en un operativo migratorio basado en la Ley de Enemigos Extranjeros, una disposición legal que permitió deportaciones sin proceso judicial tradicional, invocada por la administración Donald Trump como parte de su política migratoria.
Según documentos judiciales, se alegó que el joven tenía una condena menor por posesión de drogas y que eso lo vinculaba con organizaciones criminales. Su familia negó cualquier conexión con pandillas, como el Tren de Aragua.
Una vez en El Salvador, Lozano Camargo fue enviado al Cecot, la prisión de máxima seguridad de Nayib Bukele donde se alojan personas acusadas de delitos graves relacionados con estructuras del crimen organizado.
Caso Daniel Lozano Camargo: intervención judicial y orden de retorno del venezolano deportado por error
El 24 de abril, la jueza federal Stephanie Gallagher, con jurisdicción en Maryland, falló a favor de Lozano Camargo. En su decisión, indicó que la expulsión violó los términos de un acuerdo alcanzado en noviembre de 2024, que impide la deportación de personas que ingresaron a EE.UU. como menores no acompañados, mientras sus solicitudes de asilo siguen pendientes.
El fallo ordenó a la administración Trump tomar medidas para garantizar su regreso desde El Salvador y se señaló que el procedimiento seguido en su caso no cumplió con los requisitos legales aplicables. La jueza también reconoció que se había vulnerado el debido proceso al no evaluar adecuadamente su condición migratoria antes de ejecutar la deportación.
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