En Nueva York: 300 mil residentes en peligro de ser desalojados por esta nueva política de Donald Trump

La propuesta presupuestaria de la administración de Donald Trump para 2026 amenaza con desestabilizar el sistema de vivienda subsidiada en Nueva York. Según un informe interno de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (Nycha, por sus siglas en inglés), al menos 300 mil personas quedarían en riesgo de perder sus hogares si se imponen nuevos límites a la asistencia federal para el alquiler.

Trump busca recortar los fondos federales para la asistencia a inquilinos en Nueva York

El gobierno federal busca imponer un tope de dos años para los subsidios de alquiler destinados a adultos que no declaren discapacidad y tengan menos de 62 años. De concretarse, la medida afectaría a inquilinos tanto de viviendas públicas como de propiedades privadas bajo el programa Sección 8, en el que Nycha actúa como intermediaria.

“La Sección 8 paga parte del alquiler para familias de ingresos bajos y moderados que quieran alquilar en el mercado privado. La elegibilidad para este programa se basa en los ingresos y el tamaño de la familia. Por lo general, las familias no pagan más del 40% de sus ingresos mensuales como parte del alquiler”, informa la web oficial del organismo, que desembolsa el resto del valor directamente al dueño de la propiedad.

Actualmente, se estima que un 61% de los beneficiarios no entran en las excepciones previstas por el plan, según consignó The City. El recorte también contempla una reducción del 43% en todo el sistema de asistencia federal para el alquiler. Este ajuste, sumado a la limitación temporal del subsidio, dejaría sin cobertura a cientos de miles de hogares de bajos ingresos en La Gran Manzana, donde recientemente las autoridades locales aprobaron una nueva suba del límite del precio de las rentas en esa jurisdicción.

Cómo impacta la medida de Trump: desde el Bronx hasta Wall Street

El congresista Ritchie Torres, representante por El Bronx, aseguró que el recorte propuesto tendría efectos devastadores. “Eliminaría o restringiría radicalmente la asistencia para el alquiler para los hogares más vulnerables”, advirtió en una carta enviada al secretario de Vivienda, Scott Turner. El distrito de Torres concentra la mayor cantidad de beneficiarios de vales de emergencia del estado, más de 2200, según datos oficiales.

Además de la pérdida habitacional directa, el legislador anticipó a The City que esta política desataría una serie de conflictos judiciales por desalojos, morosidad masiva en el pago del alquiler y una posible crisis en el mercado de préstamos inmobiliarios. La cadena de impagos afectaría también a bancos y entidades como Fannie Mae y Freddie Mac, cuya estabilidad financiera podría quedar comprometida.

Sin embargo, según indicó Barbara Brancaccio, directora de comunicaciones de la autoridad municipal, para que la disposición entre en vigor, se requeriría la aprobación de varias comisiones del Congreso de Estados Unidos y, eventualmente, 60 votos en el Senado.

Nueva York: aprueban un aumento en el tope a los alquileres

A la incertidumbre por los recortes federales se suma la posibilidad de un nuevo ajuste en los contratos de arrendamiento con renta estabilizada. La Junta de Regulación de Alquileres aprobó una propuesta preliminar que contempla subas de hasta el 7,75% para contratos de dos años. Para los contratos de un año, los incrementos oscilarían entre el 1,75% y el 4,75%.

También se planteó un aumento especial de hasta el 49% en viviendas sujetas a desregulación si quedan vacías después del 30 de septiembre de 2025. Este punto generó fuertes críticas de organizaciones de defensa de inquilinos, que lo consideran un incentivo para expulsar a residentes actuales.

El alcalde Eric Adams, cuya administración designó a los miembros de la Junta, se distanció de la iniciativa. Calificó los aumentos como “una carga demasiado irracional” y expresó su desacuerdo públicamente. La medida, en caso de confirmarse, entraría en vigencia a partir del 1º de octubre y afectaría a cerca de 2 millones de personas.

La fecha clave será el 27 de junio, cuando la Junta defina si ratifica o no los aumentos. A eso se sumará la evolución del presupuesto federal y la posible aprobación del recorte a los subsidios.

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