La maniobra del Gobierno para neutralizar el paro de la CGT y evitar que adhieran los colectivos
La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el conflicto sectorial que tiene la UTA con los empresarios y de esa manera busca que no pueda plegarse a la huelga general del 10 de abril
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LA NACION
Con puro cálculo político, el Gobierno resolvió ayer dictar la conciliación obligatoria tras las frustrada negociación entre la la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso gremio de los colectiveros, y las cinco cámaras empresarias del sector. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien en otras discusiones sectoriales evitó la herramienta de la conciliación obligatoria, encontró ahora un motivo adicional para cambiar de postura: a partir de hoy y por 15 días, la UTA está imposibilitada de tomar “cualquier medida de fuerza”, según la normativa. Durante esa ventana temporal está previsto el tercer paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei, el jueves 10 de abril. ¿La UTA podrá adherir?
La participación de la UTA es determinante para garantizar el impacto de una huelga. Roberto Fernández, su referente, luce incómodo ante el conflicto y su adhesión estaría en duda, según averiguó LA NACION. “Está muy molesto con los empresarios del sector y quería parar este viernes. Los choferes tienen sueldos de $1.200.000 y no hubo una propuesta de actualización. Ahora, con la conciliación obligatoria no se sabe qué pasará con el paro de la CGT, aunque en las bases hay mucho malestar”, señalaron cerca de Fernández.
Desde el Gobierno sostienen que la UTA está imposibilitado de “tomar medidas de fuerza” por el período de conciliación dispuesto. En caso de adherir, el gremio se expondría a una sanción, que podría ir desde una pena económica a la pérdida de la personería gremial. Cordero, el secretario de Trabajo, fue abogado de Techint durante décadas y conoce a la perfección la normativa. También sabe que habría un atajo, y tiene que ver con el derecho a huelga. Se abre de esta manera una pulseada judicial que podría tener más de una interpretación. “El derecho de huelga tiene que respetar las normas que lo regulan y la ley que estable la Conciliación Obligatoria es una de ellas”, dijeron en los pasillos de la Secretaría de Trabajo ante la consulta de LA NACION.
Fernández tiene 80 años y es desde 2008 el líder de la UTA, el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. De verba enredada, a veces difícil de comprender, Fernández se mueve de manera ambigua en el ajedrez político y sindical. Fue kirchnerista convencido y expandió su poder a través de la política de subsidios que instauró Néstor Kirchner. La luna de miel con el kirchnerismo se terminó cuando el exministro de Trabajo Carlos Tomada les dio validez a los metrodelegados del subte para emanciparse de la UTA. La pulseada por el control del subte lo alineó rápidamente con Pro, que encontró en Fernández un aliado ante el avance de los delegados kirchneristas y trotskistas en las diferentes líneas. En la campaña electoral se alineó decidido detrás de Sergio Massa, pero ahora, fiel a su pragmatismo, evita confrontar con la gestión de Javier Milei, al que llegó a defender en tertulias sindicales privadas. De hecho ayer, en su comunicado por la falta de acuerdo con los empresarios, valoró el rol del gobierno libertario, que destinó hace unos meses 17.000 millones de pesos en concepto de subsidios para el transporte de pasajeros en el AMBA. Hoy no respondió el llamado de LA NACION.
“Si el Gobierno quisiera condicionar a los sindicatos y aplicar la conciliación obligatoria para la huelga general, tiene que convocar al integrantes del propio Gobierno y a la CGT y aplicarles la conciliación obligatoria a ese conflicto. Esto implicaría que no podrá haber un paro general y que el Gobierno deberá marcha atrás con la política económica de la cual se deriva esa convocatoria a paro general, y las partes sentarse a negociar. Pero el Gobierno no puede decir, ustedes la UTA, o ustedes Calzado, o ustedes los metalúrgicos, o cualquier sindicato, como tienen un conflicto con su patronal en el que hay conciliación obligatoria no pueden adherir a un paro general de la CGT. No tiene ningún sustento jurídico”, opinó Gustavo Ciampa en el sitio www.mundogremial.com. Ciampa es un abogado laboralista al que se vincula con el kirchnerismo.
La CGT, en tanto, avanza con la articulación del paro general del 10 de abril. Reunió ayer en la sede de Azopardo a los referentes de las seccionales de todo el país y logró el apoyo unánime para la medida de fuerza. Además, se confirmó la adhesión de las dos vertientes de la CTA y de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), por lo que no habría clases en las escuelas primarias y secundarias.
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