La Justicia ordenó liberar un predio al costado de la Panamericana que estaba ocupado por concesionarias de autos
La resolución se tomó a partir de la denuncia que presentó Autopistas del Sol, basada en el peligro para la seguridad vial
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Una franja de terreno parquizado, a la vera de la Ruta Nacional 8, en el kilómetro 39,5 del Ramal Pilar, fue liberada por orden judicial, luego de que varias concesionarias de autos la ocuparan de manera ilegítima. La medida se tomó a partir de la denuncia presentada por la empresa Autopistas del Sol (Ausol), que tiene la concesión operativa del sector, que es propiedad de Vialidad Nacional, y fue ejecutada por el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina.
La denuncia se radicó el 3 de junio ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con la intervención de la Fiscalía Federal del mismo distrito. Ausol había manifestado que las agencias Autos Premium Pilar, Blue Cars y FGD Motors utilizaban el predio sin autorización para exhibir los vehículos. Según pudo saber LA NACION, hacía un año que la empresa intentaba que el lugar fuera desalojado, para mantener los parámetros de seguridad vial.
A su vez, el organismo interviniente que verificó la situación fue el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, una decisión que se tomó a partir de la confiabilidad que estos mostraron en lo relativo a tareas de campo y la discreción. “Ausol realizó la denuncia basada en la ocupación de terrenos de Vialidad Nacional, es decir, federales, primero, porque tienen la obligación de custodiar, y segundo, por cuestiones de seguridad vial. Esto, sobre todo, hizo que la investigación fuera más rápida de lo normal [se realizó en cuatro días], porque en la denuncia se señaló que estos terrenos, lindantes a la cinta principal de la autopista, tienen un sentido ante posibles accidentes, cuando funcionan como vía de escape de los autos. Si ahí hay un estacionamiento, el desastre puede ser mayor”, detallaron fuentes judiciales a LA NACION.
También ejemplificaron ese posible “desastre mayor” al recordar el caso de unos jóvenes que habían salido de una fiesta y que perdieron el control del auto a causa de una mala maniobra, por lo que se fueron contra el lateral de la autopista, chocaron contra un árbol y fallecieron. “Ante una maniobra desgraciada como esa, si se aterrizaba en el terreno ocupado, podía ser un desastre impensado. Frente a eso, se corroboró que el terreno ocupado perteneciera efectivamente a Vialidad Nacional. Prefectura hizo la corroboración in situ, y se ordenó el lanzamiento”, agregaron.
El “lanzamiento” es el término utilizado para referirse a la orden de remover los autos del lugar. Primero, se intimó a las concesionarias para que retiraran los vehículos y, por las dudas, también estaba ordenado, en caso de incumplimiento, que se secuestraran si no daban un tratamiento inmediato.
En el proceso de investigación, continuaron las fuentes judiciales, se determinó, además, que solo uno de los tres locales contaba con la habilitación municipal correspondiente, pero los otros dos no habían terminado el trámite. “Ellos, dueños o inquilinos, claramente tenían un volumen de autos que no entraban, por lo que usaban como propio todo ese lugar, como una especie de parking. Incluso tenían serenos nocturnos, porque eran autos de gran valor y estaban a la intemperie, a la vera de la Panamericana", dijeron.
Sobre posibles medidas preventivas, fuentes judiciales aclararon que en todos los casos de restitución de predios a sus legítimos titulares, se formaliza el ingreso al lugar y, cuando se hace entrega al reclamante, se le impone también la obligación de arbitrar todas las medidas a su alcance para evitar que la apropiación se repita. En este caso particular, Ausol recibió el terreno el sábado pasado con esa obligación: hacer todo lo que puedan para que no vuelva a suceder.
Además de la orden de que retiren los autos del terreno, fuentes judiciales informaron que ahora se está investigando a las concesionarias, buscando antecedentes para establecer si incurrieron en usurpación o algún otro delito previo. “Se trabajó muy rápido en hacer cesar la situación, se les hizo saber a los responsables municipales que se encontraron algunas sin habilitación finalizada. Ahora trabajamos para ver si corresponde indagarlas, por ejemplo, y el proceso dependerá de cómo avancen las cosas”, concluyeron.
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